A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Yopal y el Juzgado 001 Administrativo de la misma ciudad, por una demanda ejecutiva presentada por el Instituto Financiero del Casanare, contra unas ciudadanas, para perseguir el pago de un pagaré que garantiza un préstamo a título de mutuo otorgado a las demandadas por el entonces FONDESCA (hoy IFC), en mora.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena señala que, conforme al artículo 32 de la Ley 80/93, los contratos en los que intervienen entidades públicas son, por definición, contratos estatales, sin que la naturaleza estatal dependa del régimen jurídico aplicable.

Aunque las empresas industriales y comerciales del Estado, como el IFC, se rijan por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales, sus actos y contratos conservan el carácter de estatales.

El contrato de mutuo se rige por el derecho privado, el mismo no consta por escrito, por lo que se habría perfeccionado con la entrega del dinero, según artículos 2221 y 2222 del Código Civil y la remisión del artículo 822 del Código de Comercio, contenido en el Decreto 410 de 1971, pero conserva la naturaleza de contrato estatal (art. 134.D CCA).

Se reitera la regla de decisión del Auto 847/25, según la cual corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las demandas ejecutivas que se deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, regla que resulta igualmente aplicable bajo el CCA.